Los grupos de la cámara Baja han aceptado sólo una de las cinco enmiendas que fueron aprobadas por el Senado, la de hacer público el listado de empresas subcontratistas atendiendo al ámbito territorial de actividad.

Permitir a los autónomos de la construcción subcontratar su actividad, como habían reclamado las organizaciones del sector, o instar al Gobierno a que plantee incentivos fiscales y subvenciones a las empresas innovadoras y a los centros de innovación y difusión tecnológica en materia de seguridad en el trabajo, son algunas de las iniciativas emanadas en el Senado que han sido también rechazadas en el Congreso.

Asimismo, en el Senado se eliminó la fijación de un porcentaje de contratos indefinidos con carácter obligatorio para poder ser subcontratista. La norma establecía inicialmente un mínimo de un 10% de fijos el primer año de vigencia de la ley, un 20% el segundo y un 30% el tercero. Hoy el Congreso decidió mantener estos porcentajes.

Por el grupo socialista, Jesús Membrado, mostró su satisfacción por el hecho de que esta ley haya surgido del consenso social entre la patronal de la construcción y los sindicatos.

Según Membrado, "esta ley mejorará el sector de la construcción en el que la mayoría de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y donde se producen la tercera parte de los accidentes laborales".

El representante socialista calificó la situación de este sector como "caótica" y apostilló que "esto no lo resuelve por si solo el mercado". Finalmente señaló que "la subcontratación no es negativa en sí misma", lo negativo es hacer un "uso abusivo" de ella.

Por el PP, Andrés Ayala defendió su rechazo a esta ley con el argumento de que la subcontratación no afecta sólo al sector de la construcción y que en otros sectores aparece con mayor proporción.

Asimismo, afirmó que "la siniestralidad no se supera por regular la temporalidad o la subcontratación", sino que "se palia con la formación".

El diputado de IU, Ángel Pérez, defendió que el Congreso recuperara el texto original de la ley, nacida de una propuesta de esta formación y lamentó que "la derecha la hubiera intentado vaciar(la) en el Senado".

Según Pérez, "esta ley es un Mensaje contra la impunidad y supone un voto por los trabajadores de la construcción".

Por su parte, Carles Campuzano (CiU) y José Ramón Beloki (PNV) argumentaron su rechazo a esta iniciativa por considerarla un ataque a las pymes del sector y por haber sido elaborada sin tener en cuenta a la patronal y sindicatos representativos de las CCAA.

Según Campuzano, se trata de una ley "basada en la Desconfianza y el intervencionismo que afecta al principal sector de empleo y generación de riqueza en este país".

Tras su aprobación en el Congreso, la ley sólo queda pendiente de que el Boletín Oficial del Estado publique la fecha de su entrada en vigor.