El dictamen del texto ha recibido 22 votos a favor, 13 en contra y una abstención. En total, hoy se han aprobado 36 nuevas enmiendas: dos del Grupo Vasco, una del PP (había presentado 500) y una de Izquierda Unida.

El proyecto, que incluye los criterios acordados en la Ley de Igualdad, se aprobó en la comisión con competencia legislativa plena, es decir, ya no pasará por el Pleno del Congreso, sino que irá directamente al Senado.

Con el nuevo Estatuto, los funcionarios que existen podrán acceder a la jubilación parcial a partir de los 60 años, al igual que sucede con los asalariados del sector privado. No obstante, el detalle de este acceso deberá ser regulado en una norma posterior.

Para los funcionarios autonómicos, serán los gobiernos regionales los que deberán dictaminar su propia ley, mientras que en el Congreso habrá que regular la situación de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), según indicó a Servimedia la portavoz socialista en la materia, Elisenda Malaret.

El sistema de acceso a la jubilación parcial para los funcionarios tendrá un patrón "muy cercano" al que ya disfrutan los asalariados a partir de los 60 años.

Además, las Administraciones Públicas se adaptarán a la "nueva concepción del espacio europeo universitario", nacida de la declaración de Bolonia, con lo que serán pioneras en esta cuestión, reordenándose los sistemas de clasificación del empleo público.

El nuevo Estatuto, dirigido los 2,5 millones de empledos públicos que hay en España, se ha adaptado también a los criterios establecidos por la Ley de Igualdad y se han introducido enmiendas de carácter técnico para mejorar el sistema de promoción interna de los funcionarios y el régimen de evaluación del desempeño de su labor.

Otras modificaciones del Congreso van a permitir a las comunidades autónomas fijar la cuantía de las retribuciones complementarias de los empleados públicos.

Lo que no ha sido posible en esta norma es lograr el consenso entre el PSOE y el PP, que anuncia que modificará la norma cuando vuelva al poder, según indicó a Servimedia Julio Padilla, portavoz del PP en la Comisión de Administraciones Públicas.

Durante su intervención, Padilla pidió que se pospusiera la aprobación de la ley, ante la falta de tiempo para discutir las enmiendas presentados, algo que fue rechazado por los otros grupos parlamentarios. "Llegará el día en que alguien tendrá que decidir si hay que dotar de armonía a esta legislación", advirtió.

La diputada socialista Elisenda Malaret respondió a estas críticas argumentando que "el PP tuvo ocho años para presentar una Estatuto y lo único que ha hecho ha sido poner dificultades" durante el trámite de la ley.

Asimismo, insistió en el hecho de que el Grupo Socialista ha dado luz verde a dos de las quinientas enmiendas presentadas por los populares.

Para la portavoz del Grupo Socialista, "se trata de un texto equilibrado con el resto del entorno normativo y con los derechos y obligaciones de los empleados de las Administraciones Públicas", afirmó.

Malaret señaló que ésta es "una apuesta clara por poner nuestras administraciones al servicio de nuestros ciudadanos", de acuerdo con la premisas de "competitividad y profesionalidad".

COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

El portavoz de Administraciones Públicas de CiU en el Congreso, Jordi Jané, aplaudió que este Proyecto de Ley "garantice el pleno respeto de las competencias autonómicas en este ámbito".

"Será la primera ley estatal que tendrá en cuenta en su desarrollo el reconocimiento de estos derechos históricos y el hecho de que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas y compartidas en el ámbito de la función pública", dijo Jané.

Sin embargo, ERC opina de forma diametralmente opuesta a CiU, tal y como evidenció su portavoz en la Comisión , Francesc Canet, al señalar que el Estatuto "no es bueno" porque "invade de forma importante las competencias en Cataluña".