En cuanto a la Ley de Empleo, el punto principal de las enmiendas aprobadas por el Congreso es la ampliación de la plantilla de los servicios públicos de empleo hasta que haya un funcionario por cada 200 parados, casi el doble de los que hay ahora.

Sin embargo, el punto que generó mayores tensiones en el debate fue el referido a la asunción por parte del Estado de las competencias sancionadoras por fraude en el cobro de prestaciones que había cedido a cnco comunidades autónomas: Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra y Canarias.

Todas las regiones, menos Cataluña, no tenían inconveniente en perder esta competencia, ya que les obliga a fijar unas sanciones sobre unas prestaciones que paga el Estado, y no ellos. El Gobierno quería recuperar el establecimiento de sanciones debido a que las regiones que la tienen transferida sancionan menos que el Estado, puesto que el dinero "no es suyo".

Este punto, votado de forma separada en el Pleno,contó con el apoyo exclusivo del PP, mientras que IU optó por la abstención y el resto de formaciones votaron en contra.

El portavoz de Política Social y Empleo de CiU, Carles Campuzano, denunció la vocación "centralizadora" de PP y PSOE, que han dado un "paso más" con una medida de "regresión autonómica".

El portavoz de Empleo del PSOE, Ramón Jáuregui, acusó a los nacionalistas de preocuparse más de asumir competencias que de lo que interesa a los ciudadanos, y Reyes Montseny, del PP, advirtió aCiU de que "no cabe siempre" el mensaje de más Estatuto.

RIESGOS LABORALES

Similar consenso parlamentario al obtenido por la Ley de Empleo consiguió la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, rechazada por las formaciones nacionalistas al considerar que limita competencias autonómicas.

El proyecto, fruto del consenso alcanzado por el Gobierno con CCOO, UGT y CEOE el pasado 30 de diciembre, trata de mejorar la lucha contra la siniestralidad laboral, aumentado las investigaciones contra las empreas y sectores con más accidentes.

PSOE e IU, que deseaban una ley más concreta y con mayores inyecciones económicas, justificaron su apoyo a la norma por el consenso alcanzado con los agentes sociales, según explicaron Luis González Vigil (PSOE) y Antero Ruiz (IU).

Asimismo, el diputado del PP Jesús Manuel Pérez Corgos incidió en que uno de los puntos pendientes en la ley, la subcontratación, se regulará en el futuro tras haber remitido los sindicatos y la patronal un texto pactado al Gobierno sore esta materia.