El pleno de la Cámara Baja aprobó el texto sin que se incluyeran finalmente las enmiendas que se introdujeron en el Senado con los votos del PP y PNV.

En virtud de esta ley, las Administraciones no podrán poner en marcha campañas que tengan como fin ensalzar logros de la propia gestión o menoscabar la tarea de otras administraciones, así como tampoco aquéllas que incluyan mensajes discriminatorios o inciten directa o indirectamente a la violencia o los comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico.

Según informó la Vicepresidencia Primera del Gobierno en un comunicado, se pone fin con esta norma a la confusión que a menudo se producía entre información institucional e información pro-gubernamental, y se asegura el sentido institucional de las campañas informativas promovidas por los poderes públicos.