Los primeros beneficiarios de esta norma, considerada por el Gobierno como el cuarto pilar del estado de bienestar, serán los 200.000 grandes dependientes que hay en España.

Como estaba previsto, la Cámara Baja rechazó la propuesta introducida por el Partido Popular en el Senado que pretendía que el patrimonio de los beneficiarios no computara a la hora de determinar el porcentaje que deban pagar para contribuir a la financiación de los servicios que reciban.

Por lo tanto, en este sentido la norma vuelve a estar como la propuso el Gobierno, de forma que el patrimonio de las personas dependientes se tendrá en cuenta a la hora de establecer el copago de servicios.

Según Marisol Pérez Domínguez, diputada socialista y portavoz en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, el espíritu de la ley en lo referente al copago "es que pague quien tenga patrimonio. La Administración entiende por patrimonio cuando se hace una declaración sobre él. El domicilio habitual de un beneficiario no puede ser considerado patrimonio cuando éste resida en él y reciba la atención en su casa".

También especificó la portavoz socialista que en ningún caso computará el patrimonio de la familia del solicitante a la hora de establecer el copago.

El desarrollo de esta ley se gestará en el Consejo Territorial de la Dependencia, órgano conformado por la Administración central y las comunidades autónomas, en el que se fijarán las cuantías de los copagos, así como las percepciones que reciban los cuidadores familiares, entre otras cuestiones. El Consejo deberá estar formado, según recoge la ley, en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor.

Tampoco fue admitida la enmienda que proponía incluir a las familias en el título de la norma, como quería CiU, y se denominará, por tanto, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

El término "nacional" para definir el Sistema de Atención a la Dependencia no fue finalmente aceptado, por lo que se denominará Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

También según lo previsto, el pleno reforzó con su apoyo la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental dentro de los beneficiarios de la norma. Así, por ejemplo, dentro de la definición de Dependencia, el artículo 2 de la ley alude particularmente a estas personas al referirse a "otros apoyos" que puedan necesitar para mejorar su autonomía personal.