Según informaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el decreto se aprobará con su actual redacción y no habrá tramitación parlamentaria del mismo como proyecto de ley. La norma está en vigor desde el pasado 4 de noviembre, aunque es preceptivo que reciba el visto bueno del Parlamento.

El objetivo del Gobierno es que el 31 de enero se dé por concluido el proceso de compensación a los sindicatos por el patrimonio sindical que les fue incautado por el franquismo.

El decreto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 28 de octubre y modifica la ley de 1986 en la que se regulaba, entre otros aspectos, la devolución del patrimonio sindical.

La decisión del Ejecutivo ha causado un hondo malestar en Comisiones Obreras, que ha reclamado al Gobierno la derogación de la norma por entender que la cuantía del dinero a devolver a UGT, que puede superar los 150 millones de euros, supone una distorsión en el proceso de diálogo social y en las elecciones sindicales del próximo año.

Precisamente mañana, víspera de la celebración del debate en el Congreso sobre este decreto, José María Fidalgo ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer las actuaciones de su sindicato ante la negativa del Gobierno a aceptar su petición. CCOO amenazó días atrás con emprender acciones legales contra la norma aprobada por el Gobierno.

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado sentirse dolido por las críticas de CCOO a la decisión del Ejecutivo y ha recordado que supone aliviar una injusta actuación del franquismo.

En la polémica también ha terciado el PP, que acusa al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, militante ugetista, de beneficiar a sus amigos con esta decisión.