El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, será el encargado de defender ante los diputados el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Los tres grupos que pactaron el grueso del acuerdo para sacar adelante la creación del sistema de atención a la dependencia han negociado los últimos días la redacción definitiva de la ley, según explicaron a Servimedia los portavoces de IU-ICV y ERC en esta materia, Carme García y Joan Tardà.

El Pleno del Congreso, con los votos de estos tres grupos, rechazará la mayoría de las enmiendas incluidas en el Senado por un reparto de mayorías que permite al PP y a las formaciones nacionalistas modificar el contenido de los textos que se aprueban en la Cámara Baja.

Gran parte de estos cambios, según los socios del Gobierno, suponen un "enfoque liberal" que no debe regir el sistema de atención a la dependencia, como ocurre con la enmienda por la que se excluye el patrimonio en los criterios a tener en cuenta para establecer las aportaciones particulares para acceder a los servicios.

Lo mismo ocurre con las modificaciones orientadas a establecer un sistema de "cheque-servicio", es decir, facilitar ayudas para que los beneficiarios acudan a los servicios que oferta el mercado.

En cambio, PSOE, IU-ICV y ERC votarán a favor de un pequeño bloque de enmiendas de los demás grupos que entienden que contribuyen a mejorar la ley, especialmente en lo que se refiere a la cobertura de la salud mental y a la atención a las personas con gran dependencia. El portavoz de CiU en cuestiones de política social, Carles Campuzano, dijo a Servimedia que su formación es consciente de que sus exigencias supondrían un "cambio de modelo" en la ley proyectada por el Gobierno.

Por ello, pronosticó que prácticamente todos los cambios introducidos en el Senado con la suma de los votos del PP y el PNV serán rechazados, para retomar el texto aprobado por PSOE, IU-ICV y ERC, aunque mantiene la confianza de que se mantengan algunas mejoras sobre discapacidad intelectual que también demanda el movimiento asociativo.