El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, presentó la petición formal del Gobierno a las Cortes para que se aprobara este aumento del contingente español en el país afgano, en virtud de la Ley de Defensa Nacional. El envío fue aprobado por la mayoría del Parlamento (283) a excepción de las abstenciones (2) de Chunta Aragonesista y de EA, y el voto en contra (6) de IU-ICV y de Nafarroa Bai.

Estos nuevos efectivos irán destinados a la seguridad de los proyectos de reconstrucción que la Asociación Española de Cooperación (AECI) está llevando a cabo en el país afgano.

Los 150 militares se sumarán a los 570 ya desplegados en el oeste de Afganistán y reforzarán el Equipo Provincial (PRT) de Qala-i-Now para cometidos de seguridad, así como la Compañía de Reacción Rápida de Herat que apoya a los cuatro equipos provinciales de la zona, en donde se desplegará también un avión de transporte.

A FAVOR

El principal partido de la oposición, el Partido Popular, mostró su respaldo a este aumento del contigente español, a la vez que solicitaba la dimisión del ministro de Defensa, a raíz de la sentencia del llamado "caso Bono". El PP orquestó una estrategia que tenía preparada, según admitían los propios diputados en los pasillos del Congreso, para exigir constantemene la dimisión del ministro de Defensa por su anterior labor al frente del Ministerio del Inteior cuando se pordujeron los hechos del llamado "caso Bono".

El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, dio su apoyo al envío de más efectivos a Afganistán, matizando que "no es un cheque en blanco para el Ejecutivo". Por ello, exigió al Gobierno que detalle la misión que se va a realizar en Afganistán, mientras los diputados del grupo popular exigían a gritos la dimisión del ministro.

Por otra parte, el portavoz de CiU en materia de Defensa, Josep Maldonado, inició su intervención criticando la situación que se había generado en el hemiciclo y dijo que "si esto es política que venga Dios y lo vea", aludiendo a las peticiones de dimisión del ministro por parte del Partido Popular.

Maldonado mostró el apoyo a este envío para contribuir a "consolidar la democracia" en Afganistán, porque, a su juicio, se debe estar "a las verdes y a las madruas y hay que estar presente para que avance la democracia" en la zona.

Sin embargo apuntó que se debe "reflexionar" sobre las misiones extranjeras de las tropas españolas, así como de las misiones en las que se está participando.

Por parte de ERC, la diputada Rosa Bonás, mostró su apoyo a la ampliación del contingente español porque Afganistán es un "caos" y es "imprescindible" la participación de las Fuerzas Armadas para mejorar las condiciones de vida "por solidaridad con las mujeres, los hombres y los niños afganos"

En la misma línea se situó el diputado del PNV Emilio Olabarría quien indicó que es "razonable" el envío de estos efectivos, aunque, asumiendo que hay "riesgos".

Dentro del apoyo al envío de efectivos se mostró el portavoz de Coalición Canaria en Defensa, Luis Mardones quien subrayó que los militares tienen que estar "a la luz de Afganistán y no bajo la oscuridad de los cuatro muros de los cuarteles". "Allí (Afganistán) es dónde hacen falta", remachó.

EN CONTRA

En contra del envío de tropas se pronunció el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien subrayó que no lo apoyan porque estos efectivos se destinan a la misión ISAF que complementa a la operación "Libertad Duradera", nombre en clave con el que se conoce la intervención militar en Iraq.

Llamazares indicó que Afganistán es un "narco-estado"y agregó que no se debe amparar una misión destinada a ayudar a un Estado que realmente no existe.

Además, destacó que en Afganistán el "terrorismo y la violencia se incrementan día a día. Y la violencia a las tropas se incrementan, también". Concluyó el turno de intervenciones el Partido Socialista mediante su portavoz en la Comisión de Defensa, Jesús Cuadrado, quien apuntó que esta misión contraria a la de Iraq, está amparada bajo mandado de la ONU.

Antes de la votación, el portavoz del Partido Popular pidió al presidente de la Cámara, Manuel Marín, que admitiera la entrada de Vicente Martínez Pujalte, para ejercer su voto. Marín, algo alterado por las circunstancias, se lo negó. Este hecho provocó que desde los escaños populares se exigiera, nuevamente, la dimisón del ministro.