Las modificaciones incorporadas a la norma, introducidas a instancias de los letrados del Senado, suponen modificar una palabra por otra en un artículo y la eliminación de la posibilidad de que los funcionarios de carrera se cojan una excedencia por “violencia intragénero”. De este modo, el texto está listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su posterior entrada en vigor.

La tramitación de la ‘Ley trans’ tensó las costuras en el seno del Gobierno de coalición con motivo de la pretensión del PSOE, vía enmienda, de endurecer las condiciones para que los menores de edad puedan ejercer su derecho a la autodeterminación de género al plantear que todas aquellas personas con menos de 16 años cuenten con una autorización judicial para cambiar de sexo. Este asunto dejó a los socialistas solos frente a Unidas Podemos y el bloque de investidura.

El texto que salió del Consejo de Ministros el pasado mes de junio impulsado por la titular de Igualdad, Irene Montero, establece que los menores de edad entre 16 y 18 años podrán acudir al Registro Civil a cambiar libremente su nombre y sexo, un trámite para el que requerirán de la autorización de sus progenitores quienes tengan entre 14 y 16 años, mientras que para quienes tienen entre 12 y 14 años se requerirá un expediente de jurisdicción voluntaria. Por debajo de los 12 años, únicamente se podrá cambiar el nombre en el DNI.

Sin embargo, los socialistas planteaban en su enmienda que “toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo”. El matiz lo incluyeron para los menores de esa edad y mayores de 12, quienes “podrán solicitar la autorización judicial para la modificación registral del sexo”.

Esta enmienda del PSOE representó una enmienda a la totalidad al compromiso que adquirió en su momento de enmendar la ley pero sin tocar la cuestión de la autodeterminación de género.

De hecho, la autodeterminación de género fue una cuestión que en su día acordaron Irene Montero y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y que no se modificó en la ley, ni en su aprobación en primera ni en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, las presiones del llamado feminismo clásico y de algunas históricas socialistas pertenecientes a esta corriente de pensamiento, encabezadas por la propia Carmen Calvo, a la sazón presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados -órgano que tramitó el texto- pudieron ser el desencadenante de este cambio de postura en el PSOE.

El PSOE también perdió la batalla en su intención de que la norma fuera más dura en lo concerniente a la reversibilidad, un aspecto en el que buscaban que, en caso de un segundo cambio de sexo, se requiriera “aprobación judicial”. A pesar de ello, sí consiguió eliminar las referencias a la violencia intragénero.

DEBATE

Durante el debate, Raquel Pedraja (PSOE) reivindicó a su partido como aquel que recoge“todas las reivindicaciones de la sociedad civil y las convierte en leyes para que seamos un país mejor, más justo y más igualitario”, lo que le dio pie para refrendar que su formación es la de “los derechos sociales, la diversidad y la igualdad”.

María Jesús Moro (PP) acusó al Gobierno de que “sus tropiezos dañan a los ciudadanos, especialmente a los niños y a las mujeres”, lo que le permitió argüir que “no estamos para experimentar con las personas”.

Tras recordar la dimisión ayer de Nicola Sturgeon como ministra principal de Escocia por, entre otros motivos, la polémica en torno a la 'ley trans' en ese país, preguntó a la titular de Igualdad, Irene Montero, presente en el debate: “¿Su dimisión para cuándo, ministra?” “No a esta ley; no a este nuevo sí es sí”, remató.

María de la Cabeza Ruiz (Vox) reprochó al Gobierno que “convierta los deseos en derechos”, mientras que Mar García (Unidas Podemos) lamentó que se haya intentado “ridiculizar” e “infantilizar” a Irene Montero y a su equipo, a quienes agradeció su “determinación, convicción y lucha”.

María Carvalho (ERC) afirmó que hoy es “un día histórico” que convierte a España en un “referente para Europa” y agradeció a Irene Montero su “determinación” con esta norma, al igual que Sergi Miquel (PDeCAt), quien afirmó que la ministra “se incorpora en la lista de mujeres que han ahondado en el avance de los derechos de las mujeres”.

Pilar Calvo (Junts) comentó que “la lucha por la igualdad no acaba aquí”, Joan Baldoví (Compromís) pidió a las dos partes del Gobierno que “cierren con una respuesta consensuada el 'sí es sí'”, y Sara Giménez (Ciudadanos) celebró el avance en derechos del colectivo, pero afeó al Gobierno que “no haya estado a la altura, utilizando la ley de manera partidista” con el único propósito de garantizar “la supervivencia de la coalición”.

Por último, Joseba Agirretxea (PNV) saludó que los avances de la ley han llegado para “quedarse”, Isabel Pozueta (EH Bildu) reseñó que la norma marcará un “hito histórico”, y Carlos García Adanero (Grupo Mixto) manifestó que es “una norma equivocada, mal redactada y que dará problemas en el futuro. No lo digo yo, que no soy experto en la materia, sino que lo ha dicho gente experta”.