En un plazo de cinco años con posterioridad a la entrada en vigor del texto (falta su pase por el Senado), los puertos españoles dejarán de recibir inero con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para autofinanciarse.

La nueva ley supone la desaparición de la actual Dirección General de Puertos y su sustitución por un ente público que actuará como un "holding" para controlar y coordinar la financiación de manera más ágil.

La primera fase del debate parlamentario ha estado caracterizada por la polémica entre el PSOE y los partidos nacionalistas vascos y catalanes, fundamentalmente PNV y CiU, a propósito de la titularidad de las instalciones portuarias en sus respectivos territorios.

Los nacionalistas pretenden que sean transferidos los puertos y el Gobierno argumenta que la Constitución le faculta para no transferir aquellos puertos considerados de "interés general" para todo el Estado.

Los puertos españoles facturaron el pasado año 74.200 millones de pesetas, de los cuales 38.000 se reinvirtieron en nuevas infraestructuras.