El PSOE y sus socios parlamentarios, junto a otras formaciones como Junts, apoyaron debatir modificaciones para hacer más eficaz la ley, mientras que PP y Vox mostraron su desacuerdo con los postulados de la proposición porque creen que la ley no tiene arreglo parcial y debe ser cambiada de arriba a abajo.

El diputado socialista Amador Marqués afirmó que la ley prohíbe la venta a pérdidas y mejora la protección al sector agrario y los consumidores, “pero bienvenido sea el debate”, porque el campo “necesita el refuerzo y la aplicación efectiva de la ley”.

La diputada de ERC Teresa Jordá defendió la proposición asegurando que la reforma que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez “no ha cubierto las expectativas” y “ha faltado valentía del Ministerio”, que ha mostrado “supeditación a la gran industria de la distribución”.

En la iniciativa, los independentistas catalanes plantean dotar a las cooperativas de mayor poder negociador, y que la reventa a pérdidas pase a considerarse una infracción grave en materia de contratación alimentaria. También piden simplificar administrativamente el registro de contratos alimentarios, eliminando la obligación de la inscripción inmediata.

Por el PP, Milagros Marcos afirmó que “la ley de cadena no funciona y fue una reforma 'fake', pero no necesita estos cambios” que buscan un “intervencionismo” mayor que el Gobierno en el sector.