El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, explicó que esta reforma, además de acortar los plazos y abaratar los costes de un proceso de divorcio, evita el "dolor" de los cónyuges, al no ser necesario ya buscar culpables ni dar explicaciones.

Esta nueva norma pretende "extender la libertad de los ciudadanos, concibiéndose el derecho al divorcio como una extensión del propio derecho al matrimonio", según se afirma en la exposición de motivos del proyecto.

Con esta ley no hará falta la separación previa para proceder al divorcio, y basta con que uno de los cónyuges no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandarlo, sin que el otro pueda oponerse a la petición por motivos materiales ni el juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos procesales.

La iniciativa aboga por propiciar la disolución matrimonial por mutuo acuerdo y facilitar la custodia compartida de los hijos, con lo que "la intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados".

La nueva Ley del Divorcio regula la custodia compartida de mutuo acuerdo y fija garantías para los casos excepcionales en los que el juez puede acordarla a solicitud de una de las partes, lo que requiere un informe favorable del Ministerio Fiscal y siempre que sea la fórmula adecuada para "proteger adecuadamente el interés del menor".

CONTRADICCIONES

El pleno ha resuelto el problema creado en comisión cuando, por un error, se aprobaron dos visiones contradictorias de la custodia compartida, la propuesta por el PSOE, aprobada hoy definitivamente, y la incluida en una enmienda del PNV, que limita esta posibilidad a los casos en los que haya mutuo acuerdo.

La portavoz de Justicia del PNV, Margarita Uría, indicó que esta enmienda quedó incorporada al dictamen "de manera inadecuada, y no supone sino una distorsión en el texto que ha quedado aprobado", por lo que la retira y apoya el voto particular presentado por el Grupo Socialista para resolver la "contradicción".

Otra de las modificaciones básicas que supone la nueva norma es la creación de un fondo de garantía de alimentos para hacer frente al pago de las pensiones a favor de hijos menores de edad cuando los padres no cumplen las resoluciones judiciales en este sentido.

Merce Pigem, de CiU, grupo que propició esta modificación, indicó que el proyecto "en líneas generales se ha ido mejorando en el trámite parlamentario con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios", por lo que anunció su voto favorable.

ADAPTACION A LA REALIDAD

En nombre de IU-ICV, Isaura Navarro se felicitó de la "adaptación a la realidad social" de una ley que llevaba "mucho retraso", y destacó la mejora del texto aprobado por el Gobierno gracias a enmiendas como la que aborda la mediación familiar como recurso voluntario alternativo de solución de los litigios, propuesta por su grupo.

Así, los cónyuges podrán, de común acuerdo, solicitar la suspensión del mismo para someterse a la intervención de "un mediador imparcial y neutral", con el fin de "reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros de la familia".

El pleno ratificó también una enmienda del PNV por la que se reforma uno de los artículos del Código Civil que se lee en las bodas, que queda redactado de la siguiente forma: "Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo".

NECESITA MEJORAR

La diputada del PP María del Carmen Matador indicó que su grupo se abstiene ante este proyecto porque, aunque está de acuerdo "con la filosofía inicial del proyecto" en el sentido de agilizar el procedimiento de divorcio, considera que hay diversas cuestiones importantes que deben ser mejoradas en el Senado.

Puso como ejemplo la regulación de la custodia compartida en aquellos casos en que los padres no se pongan de acuerdo, que "hoy por hoy es muy difícil materializar", porque "no es la mejor forma de proteger el interés de los menores, que es lo que debe primar".

A su juicio, que el juez decida la custodia compartida cuando no lo desean así los dos padres, genera "una situación de conflicto de difícil solución", por lo que expresó su preocupación por la forma "tan gris" en la que va a quedar regulada esta cuestión.

Julio Villarubia, del PSOE, recalcó que el texto es fruto del consenso de los grupos y sigue abierto a él, porque "un tema tan sensible" exige que hasta el final de la tramitación se agoten "todas las vías de diálogo para, si hay que retocarlo en algún sentido, poderlo retocar, porque no hay verdad absoluta en este tema, cada uno tendría su pequeña verdad".