La Proposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana nace de una propuesta conjunta del Grupo Socialista, el Grupo Plurinacional Sumar, el Grupo Euskal Herria Bildu y el Grupo Vasco (EAJ-PNV).

En la defensa de la iniciativa, el diputado socialista David Serrada auguró que “la cofradía del santo reproche” se opondrá a la reforma de la llamada ‘ley mordaza’ para dotar a la norma “de un enfoque más garantista y de compromiso de los poderes públicos con los derechos y libertades de la ciudadanía y la preservación de la convivencia”.

Para el socialista, la derecha se parapetó “detrás de los trabajadores del Ministerio del Interior usándolos contra el Gobierno”, y acusó al PP de engañar “a todos los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la equiparación salarial”, y de saquear efectivos y medios.

Esta ley, consideró, “va a ser el fruto del acuerdo de la mayoría de esta Cámara y dotará a nuestros ciudadanos de más libertad y más seguridad”.

A juicio de Serrada, desde el PP, aprovechando su mayoría parlamentaria en 2015, “impulsaron cambios en el Código Penal para recortar el derecho a huelga” y legislaron para “silenciar la crítica social, sobredimensionando la capacidad sancionadora de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por parte de Sumar, Enrique Santiago defendió que “España es un país seguro, tranquilo, sin problemas de orden público” a pesar de lo cual aseveró que “arrastramos una legislación restrictiva de libertades públicas y en especial del ejercicio del derecho de reunión y manifestación”.

Santiago consideró que “es una urgencia democrática reformar la ley”, con la que “vamos a derogar todos los contenidos liberticidas que impiden el ejercicio del derecho a la participación social, a la protesta, o a la manifestación”.

En su opinión, “es impropio de una cultura democrática afirmar que la reforma de una ley considerada mordaza supone comprometer nuestra seguridad ni la de los profesionales de la seguridad ciudadana”.

MATERIAL ANTIDISTURBIOS

Jon Iñarritu, de EH Bildu, se extendió en la explicación de los cambios que propone la reforma acerca de los instrumentos materiales que emplean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para enfrentarse a manifestaciones y disturbios.

En lo que respecta al material antidisturbios, calificó de “obviedad” que las “pelotas de caucho, pelotas de goma, balas de goma son un material policial de otro siglo”, que, en su opinión, “es un sin sentido que se siga utilizando a día de hoy”.

Para el diputado abertzale “este material destaca precisamente por su imprecisión”, y sostuvo que “no es proporcional”, algo que afirmó “en Euskal Herria lo conocemos demasiado bien, pero es que estos años también lo hemos visto en Cataluña y en otros territorios del Estado”.

“Todo material policial, y más si es antidisturbios, no es inocuo, no son juguetes, ya sabemos que pueden ocasionar daño, y el problema es que ese material, las pelotas de goma, son peligrosas, incluso cuando se utilizan correctamente, siguiendo los protocolos”.

Por último, señaló el asunto de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, y abogó por acabar con esas “devoluciones sumarias, colectivas” y defendió que “cualquier persona potencial solicitante de asilo debe ser identificada en los puestos habilitados en frontera y facilitar que se pueda cumplir con toda la legislación interna y externa en materia de derechos humanos”.

MÁS CONSENSO

El diputado del PNV Mikel Legarda comenzó con un repaso de la historia de los distintos intentos de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana desde 2015 y lamentó que a su partido se le haya ofrecido poner la firma “sobre un texto que acuerdan el PSOE y Bildu”.

Por ello, manifestó que “antes de presentar cualquier iniciativa debiera haberse continuado con la dinámica de negociaciones discretas como la pasada legislatura, a fin de ir limando diferencias sin dejarlas al escrutinio de aquellas formaciones políticas que solo buscan socavar la estabilidad política de la legislatura”.

No obstante, el jeltzale sostuvo que su grupo parlamentario sigue considerando a la Ley de Seguridad Ciudadana “una mala ley gestada no específicamente para proteger a la ciudadanía, si no como respuesta autoritaria y de control ante expresiones ciudadanas de malestar social”.

Legarda agregó que “una sociedad democrática avanzada no puede tener la respuesta policial como la fundamental ante la conflictividad social y las distintas expresiones ciudadanas de confrontación política o ideológica”.

RECHAZO DEL PP

El único grupo parlamentario que presentó su posicionamiento en contra fue el PP, cuyo diputado Miguel Tellado adujo que la reforma está motivada por “la gran trama de corrupción que está pudriendo al Gobierno de España”, y tachó al PSOE de “despreciable” por “dejar la seguridad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en manos de Bildu”.

“Permiten que la seguridad de la Policía y la Guardia Civil vaya a estar en manos de quien sigue llevando en sus listas y sigue homenajeando a los que los mataban”, remarcó.

Tellado señaló a la diputada de Bildu Mertxe Aizpurua, de la que dijo que “ha pasado de ser la voz de una banda terrorista a través de un medio de comunicación a ser la voz del Gobierno de España”. “La misma persona que halagaba a los gudaris que, según ella, iban a la guerra contra la Policía Nacional y contra la Guardia Civil, es ahora la que decide cómo debe desproteger a estos agentes”, añadió.

Con esta ley, dijo Tellado, “a la que podemos llamar ya ley Otegi de la inseguridad ciudadana, van a eliminar las infracciones por ocupación ilegal, van a reducir sanciones por tenencia de drogas, cultivo y consumo en la vía pública, van a rebajar las multas por falta de respeto personales a nuestros agentes, y van a dificultar mantener la seguridad en las manifestaciones”.

Para concluir, Tellado dijo que “España pronto vivirá un cambio, tendrá un Gobierno que quiera gobernar y no solo resistir, que se deba a los españoles y no a los chantajes”, y auguró que dicho Ejecutivo “que estará presidido por Alberto Núñez Feijóo” derogará “esta reforma insensata”.

CRUCE DE RÉPLICAS

El discurso de Tellado encendió las réplicas de los firmantes de la iniciativa de reforma. El socialista David Serrada arremetió contra el diputado popular y calificó su intervención de “fábula”. Además, preguntó al portavoz del PP si el Gobierno del que dijo que iba a derogar la reforma estaría dirigido por alguien que “se hace fotos con un narcotraficante” o por “una señora cuyo marido es un defraudador confeso”.

Por Sumar, Enrique Santiago pidió “el debido respeto” al PP, y quiso dejar constancia en la Cámara “que representa a la soberanía nacional, que las leyes en España no las hacen los delincuentes, las hacen los legisladores”.

Finalmente, Jon Iñarritu, de Bildu, consideró “normal” que el PP “legítimamente defiende una posición contraria a esta proposición de ley”, pero acusó a Tellado de ser “muy osado porque es obvio que no se ha leído la proposición de ley”.

APOYOS CRÍTICOS

Ya en el turno de fijación de posiciones, el diputado del BNG Néstor Rego consideró que la reforma “sigue siendo una exigencia social de primera magnitud”, ya que en su opinión “lo que está en juego es el respeto al ejercicio de derechos básicos fundamentales, es decir está en juego la propia esencia de la democracia”. Por ello avanzó que apoyaban la toma en consideración, pero presentarán enmiendas.

Alberto Catalán, de UPN, dijo que “van a ser los herederos políticos de ETA, los que organizaban la ‘kale borroka’, los que van a decir cómo se van a disolver las manifestaciones”.

“Son los que van a decir cómo se va a poder insultar y despreciar a la policía, los mismos que siguen sin condenar los atentados de ETA, que tienen entre sus dirigentes a terroristas, que los llevan en sus listas electorales, que siguen organizando actos de enaltecimiento de los terroristas”, recalcó.

Por otra parte, en una intervención muy crítica con el Gobierno de coalición, la diputada de Podemos Martina Velarde esgrimió que Pedro Sánchez prometió derogar hace ya seis años la ley, y aseguró que el PSOE traía al Congreso una “reforma parcial”. No obstante, aclaró que votarían a favor de su toma en consideración, “aunque vamos a presentar enmiendas para que sea lo más garantista posible con los derechos humanos”.

Desde Junts, Josep Pagès i Massó confirmó que apoyarían su toma en consideración, pero se dirigió al PSOE para denunciar, el a su juicio, “chantaje de la adhesión total o nada”.

En concreto aseveró que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska “jamás ha tenido una voluntad real de revertir el proceso de 2015 y alinear la seguridad ciudadana con los estándares de las Naciones Unidas y la Comisión de Venecia, que es lo que piden desde la Comisaría Europea de Derechos Humanos hasta organizaciones como Amnistía Internacional”.

Para Pagès i Massó la reforma no es suficiente ya que “sigue permitiendo a la policía española disparar balas de goma en Cataluña”, al contemplar una sustitución gradual de las mismas.

También lamentó que “sigue permitiendo la criminalización de la protesta democrática, trasladando la responsabilidad a los organizadores de las manifestaciones de las acciones de los manifestantes”. “Sin hacer frente a estas cuestiones anunciamos ya que será muy difícil que la tramitación de la ley pueda llegar a buen puerto”, apostilló.

“UN ERROR POLÍTICO”

Desde ERC, Francesc-Marc Álvaro Vidal sostuvo que “hoy corregimos y ponemos punto final a un terrible error político, la que fue bautizada como ley mordaza no tendría que haberse aprobado jamás”. La calificó como “canallada" y como "purga política”, y señaló que la reforma “necesaria” de esta ley “son reivindicaciones fundamentales que hace mucho tiempo que exigimos”, por lo que celebró que los socialistas “hayan venido a nuestro terreno”.

Álvaro Vidal dijo que la ley podría ser mejor, si no existiese “ambigüedad en el acuerdo, estableciendo unos tiempos concretos sobre la eliminación definitiva de las pelotas de goma”, o fijando “un régimen sancionador claro y explícito también para los agentes que incumplen de forma explícita” la norma, o si se eliminaran también las devoluciones en caliente. No obstante, mostró su satisfacción porque “la política es ponerse de acuerdo y ahora lo hemos hecho”.

Para cerrar la fijación de posiciones, por parte de Vox el diputado Ignacio Hoces sostuvo que el PSOE traía a la Cámara Baja “la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana de Bildu, es decir, la ley de inseguridad ciudadana de los herederos políticos de los terroristas”.

Hoces defendió que se trata de una ley “que abandona a su suerte a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero que abona el terreno en España para tener más inseguridad, más delincuencia y más degradación”. En su opinión, “es parte del precio para intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado, desmantelar el orden público español y privar a todos los españoles de la seguridad que disfrutaron nuestros padres y abuelos”.