Josetxo Lizarraga, armador de Pasajes, indicó que lo que más les preocupa de este asunto es la actitud de las autoridades francesas, porque "no sólo en este caso, sino en algunos casos anteriores, como el de la anchoa, saben que ha habido esta transgresión de la ley de pesca europea y, en cambio,la han animado para que continúe".

A su entender, la Administración francesa adopta una "posición totalmente arrogante, de un nacionalismo totalmente trasnochado".

Los armadores de altura de Ondárroa y Pasajes coincidieron, por otra parte, con el viceconsejero vasco de Pesca en achacar a los acuerdos de adhesión a la CEE la actual situación por la que pasa el sector pesquero.

Consideran que a partir del año 86, lo que se ha hecho es abrir el mercado español a flotas de otros países miembros,mientras se restringían los derechos propios de la flota.

Por ello, han instado al Gobierno vasco a poner en marcha sin más dilación el ya oficialmente aprobado Plan Estratégico de Pesca. Este plan contempla, entre otras cosas la reestructuración del sector, para lo que en el caso de la flota de altura sería necesaria una inversión de 3.000 millones de pesetas.

A su entender, si no se hace así, la flota vasca estaría abocada a su desaparición con las consecuencias que ello traería de carácter ecoómico y social, sobre todo en aquellas poblaciones que dependen exclusivamente de la pesca.