El estudio presentado hoy revela que de las 35 impugnaciones del pasado año, 8 han sido puestas por parte del Estado y 27 por las Comunidades Autónomas.

Las 8 impugnaciones del Estado se concretan en siete recursos de inconstitucionalidad (contra 2 leyes de Cataluña, 1 del País Vasco, 1 de Andalucía, 1 de Extremadura y una de Castilla y León), y un conflicto positivo de competencia contra una norma de Andalucía.

Por parte de las Comunidades Autónomas, en1997 se plantearon 19 recursos de insconstitucionalidad (6 formalizados por Castilla-La Mancha, 4 por Andalucía, 3 por Canarias, 2 por Navarra, 2 por Aragón y 2 por Extremadura), y 8 conflictos positivos de competencias (6 planteados por Cataluña, 1 por Madrid, y 1 por Canaria), solicitando la territorialización de diversas subvenciones.

En lo que va de año se han producido 3 impugnaciones ante el Constitucional, planteadas todas ellas por el Estado y referentes a la Ley de Cantabria en materia de funión pública, a la Ley de Madrid de Fundaciones y a la Ley del País Vasco de Protección del Medio Ambiente.

Jorge Fernández señaló que las causas que han provocado este descenso son principalmente el reforzamiento de la Cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas yla aplicación más rigurosa por parte de estas instituciones de los ámbitos competenciales propios.

Subrayó que su ministerio "espera mantener estos índices bajos de conflictividad de aquí en adelante" y destacó el avance exerimentado por el Tribunal Constitucional en cuanto a la resolución de conflictos "pues de los 421 asuntos pendientes que tenía el Tribunal Constitucional para sentenciar al empezar el año 90, al cerrar el ejercicio de 1997 sólo había pendientes 188 asuntos".