El presidente cántabro, perteneciente al Partido Popular (PP), está acusado, junto a cinco consejeros de su actual Gabinete y cuato ex consejeros, de varios delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta).

Los encausados presentaron varios recursos de apelación y su defensa pidió la nulidad de las actuaciones practicadas en el "caso Hormaechea" durante más de un año, recogidas en unos 13.000 folios, por considerar que existió confusión entre las funciones instructora y decisora.

El juez instructor del caso, César Tolosa, había decidido el pasado 13 de noviembre el proesamiento de Juan Hormaechea por dos delitos de malversación de caudales públicos y cuatro de prevaricación, decisión que fue recurrida.