Así lo defendió en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente que se ha reunido esta semana en Madrid y en la que se ha convocado una Asamblea Plenaria Extraordinaria para el próximo 9 de junio para aprobar un plan de atención a víctimas de abusos en el seno de la Iglesia.

“Es una pena que haya una utilización política del tema”, remarcó, apelando a “un pacto de Estado, sin etiqueta política partidista y un compromiso” con la Iglesia y los gobernantes canarios, que atienden de primera mano a centenares de personas que llegan a sus costas procedentes de África.

El portavoz, también obispo auxiliar de Toledo, recordó que se trata de un tema que “se inscribe en la defensa integral de la dignidad de la vida humana”. “No es quedarnos sólo en esa vida no nacida, es un sí a la vida, que incluye también el apoyo a los inmigrantes”, dijo, además de a otros colectivos vulnerables como los pobres, las mujeres maltratadas o las personas explotadas.

Asimismo, García Magán diferenció “entre delincuencia e inmigración” porque “son cosas absolutamente distintas”. “No podemos hacer una sospecha de inmigrantes”, prosiguió y llamó a recordar que en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado los españoles también migraron a otros países para buscar un futuro. “Sería, como cuando años atrás teníamos la lacra del terrorismo, decir que todo vasco es un presunto terrorista”, continuó.

Según el obispo portavoz con los delincuentes, “sea de donde sean, tiene que aplicarse el peso de la ley” pero no se puede “etiquetar”.