Según denuncian, en la práctica diaria del transporte de residuos metalúrgicos se ponen de manifiesto estas diferencias, que provocan retrasos y gastos para las empresas y perjudican al fin perseguido, que es el respeo al medio ambiente y la recuperación de los residuos.

Este hecho supone "una gran traba", especialmente para los pequeños productores y para la recogida de pequeñas cantidades de residuos peligrosos que "no encuentran fácil salida cuando se someten a la misma burocracia que cantidades mucho mayores", lo que podría provocar su abandono sin el debido control.

Asimismo, el seguro de responsabilidad civil exigido para los residuos peligrosos por la Ley Básica de Residuos y por la reglamentación partcular, "tampoco es aceptado en su forma o cuantía de manera homogénea" por las diferentes comunidades, lo que revierte en perjuicio del transporte.