Los hechos, según los denunciantes, constituyen una infracción administrativa, tipificada como falta grave en la Ley de Agua y en el Regalamento Hidraulico.

Según fuentes del Gobierno Civil de Albacete, esa falta puede ser sancionada con una multa de 10 millones de pesetas, una vez que seproduzca la resolución definitiva del caso.

La decisión de la Confederación Hidrográfica del Jucar se basa en el reiterado incumplimiento de los trámites legales por parte de los responsbles de estas obras y cuyos antencedentes datan de octubre de 1991.

A ese hecho, se añaden las reiteradas denuncias de los grupos ecologistas de la porovincia, que denuncian la irregular gestión de los regadios adyacentes a esa comarca y la abusiva gestión en su drenaje.