Gavilán, en declaraciones a Servimedia, aseguró que estos 5.100 subsaharianos han sido trasladados a Madrid, Valencia y Murcia en grupos de 100, en aviones modelo ATR.

"El Gobierno español no repatria a nadie, salvo cuando paga a otros gobiernos previamente, como ha hecho con Mauritania. Hasta que España no pagó el pasado mes de noviembre a Marruecos 40 millones, el Gobierno de Rabat no aceptó repatriar a 78 de los 2.000 subsaharianos que habían saltado la valla de Melilla", señaló Gavilán.

Este portavoz sindical acusó al Gobierno de no tener plan de choque. "Su plan es meterlos en aviones y dejarles en libertad en la Península. Allí, los alcaldes y las Comunidades Autónomas les empadronan, les dan la tarjeta sanitaria y ya está. ¿Cómo no van a venir a España?", indicó Gavilán.

Según Gavilán, en estos momentos hay 500 inmigrantes hacinados en el garaje de la comisaría Sur de Tenerife hasta donde han tenido que trasladarse 45 antidisturbios de Vigo para que los custodien porque no hay suficientes efectivos para controlar la situación.

Además, Gavilán explicó que los 95 subsaharianos que llegaron ayer a la Isla de Hierro tuvieron que ser trasladados a Tenerife en el hidrofoil, y no en avión, "por falta de efectivos policiales".

Gavilán culpa de esta situación al Gobierno, a los partidos políticos que apoyaron el reglamento de extranjería y a las ONG que participaron en la negociación del citado reglamento.

"El 24 de septiembre de 2004 cuando se produjeron las primeras rondas de contacto para planificar el proceso de regulariazación y el nuevo reglamento de extranjería el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Estado de Inmigración, sólo contaron con 11 ONGs. No se llamó ni a los sindicatos de la Policía, ni a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, ni a los sindicatos de inspección de trabajo ni a las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Los profesionales que están desarrollando la política migratorio fueron excluidos de la negociación", lamentó Gavilán.

"Que no se queje ahora Coalición Canaria porque apoyó este reglamento que está en vigor. Ahora todos los partidos se quejan de lo que está pasando, pero sus alcaldes empadronan a los inmigrantes y luego se niegan a darle a la Policía estos datos. Si se les regala el permiso de residencia, ¿cómo no van a venir a España?", concluyó Gavilán.