El Servicio Andaluz de Salud (SAS) acordó el pasado 4 de julio someter a visado de inspección, a partir del 1 de septiembre, las recetas oficiales de una serie de medicamenteos antipsicóticos indicados para el tratamiento de la esquizofrenia.

En un comunicado, la Federación Andaluza de Allegados de Esquizofrénicos (FANAES), integrada en FEAFES, considera que "aducir criterios económicos" en la medida adoptada por el SAS "nos parece unaofensa, ya que la atención psiquiátrica en Andalucía, reconociendo sus importantes logros, también adolece de importantes deficiencias y entendemos como totalmente injusto que sean las personas con enfermedad mental quienes enjuguen el déficit financiero".

Las asociaciones de afectados instan al SAS a adoptar un sistema "que no suponga unas consecuencias disuasorias en el acceso a nuevos fármacos, que suponen una mejoría y una dignificación de la vida de las personas que padecen enfermedad mental".

La confederación nacional y andaluza de enfermos mentales consideran que la Consejería de Salud vulnera con esta medida el criterio de equidad y cohesión interterritorial que propugna la reciente Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Por ello, piden a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la no aplicación de tal medida, apelando a las recomendaciones de la OMS, que establece que las personas con trastornos mentales tienen derecho a recibir los tratamientos adecuados y meos perturbadores bajo las mejores condiciones de facilidad y acceso a los mismos.

La patronal farmacéutica, Farmaindustria, ya anunció el pasado viernes que adoptará las acciones legales que sean pertinentes para lograr la paralización de esta medida, al considerar que "supone el ejercicio, por parte de la administración andaluza, de unas competencias que no le corresponden".