Según informó hoy la asociación El Defensor del Paciente, que ha tramitado la demanda, la sentencia será recurrida, ya que los padres no están de acuerdo con la misma y, además, ha existido falsedad documental por parte de la Administración regional al aportar la monitorización de otra paciente.

El 27 de diciembre de 2002 la paciente sufrió una rotura espontánea de la bolsa amniótica, teniendo que ingresar en el centro hospitalario para su control y tratamiento, después de diversos estudios. Durante la madrugada del 3 al 4 de enero de 2003 presentaba fiebre y dolor abdominal y tras varios registros no se consiguió detectar latido fetal, que en anteriores registros sí aparecía con nitidez, según la asociación El Defensor del Paciente.

La mujer fue dada de alta clínica el día 6 de enero sin tener en cuenta su patología de corioamnionitis (inflamación de la membrana que envuelve el feto) que presentaba, con fiebre y malestar general, por lo que tuvo que ser ingresada de nuevo en el mismo hospital el día 13 de enero con un diagnóstico de sepsis puerperal de origen uterino, endometritis, estando ingresada hasta el día 27.

Según El Defensor del Paciente, la sentencia recoge que existían razones para haber realizado una extracción de la niña, que hubieran permitido la supervivencia de ésta, ya que sus órganos estaban desarrollados dentro de la normalidad y la muerte se produjo por una infección ascendente a través de la membrana, infección no tratada a la madre.

La sentencia señala que es contrario a la "lex artis" no confirmar la vitalidad fetal y, consecuentemente, no poder aplicar las técnicas que oportunamente informen sobre el bienestar fetal, por lo que hubo una pérdida de oportunidad de hacer una extracción del bebé a tiempo.

Además, de acuerdo con la información facilitada por esta asociación, durante el procedimiento legal la Administración actuó "con mala fe", ya que aportó al expediente unas monitorizaciones que no correspondían a la paciente, para hacer creer que el feto estaba en perfectas condiciones.

Por ello, los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente están contemplando la posibilidad de deducir testimonio por posible fraude procesal.