La Sala considera probado que “una o varias personas que no pudieron ser identificadas accedieron a su historial clínico utilizando la tarjeta y número de PIN personal del jefe de aquel servicio, que, al parecer, la dejaba introducida y activada, de modo permanente, en el ordenador, siendo el PIN conocido por la mayor parte de los trabajadores del servicio”.

De esta forma, estima el recurso de apelación interpuesto por el afectado y revoca la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Santiago de Compostela, que fijó la indemnización en 5.000 euros.

El tribunal explica en la resolución que considera insuficiente esa cantidad para reparar el daño producido, “máxime cuando la Administración no ha agotado la investigación a que venía obligada por la reprobable actitud del jefe del servicio y de la persona o personas que accedieron indebidamente al historial clínico del actor, lo que no hubiera resultado difícil, dado el escaso número de trabajadores en el servicio”.

Por ello, considera “más ajustada a la gravedad del hecho, a la sorprendente postura de la Administración, tratando de justificar lo injustificable, al daño moral producido al actor y a la difusión de sus datos médicos ilegítimamente obtenidos, fijar una indemnización, por todos los conceptos, incluidos intereses legales, por importe de 9.000 euros”.