El titular del juzgado número 3 de la capital cántabra, Esteban Campelo, estima en la sentencia que a pesar de que en la ota difundida por la delegación del Gobierno sólo figuraban las iniciales del empresario José Villanueva González, éste era plenamente identificable al decirse en la misma que era propietario del comercio Villanueva, situado en el recinto del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega.

Al ser eximido de toda responsabilidad de los hechos que se le imputaban, Villanueva demandó a la delegación del Gobierno argumentando las pérdidas sufridas por su negocio y las repercusiones económicas sobre las patents de instalaciones y aparatos que tenía, por lo que solicitó 50 millones.

En la sentencia, el juez considera que la información difundida por la delegación del Gobierno supuso una intromisión ilegítima en los derechos fundamentales del honor, dignidad personal y familiar del empresario, a pesar de lo cual reduce la indemnización a 12.600.000 pesetas.