La sentencia, hecha pública hoy, considera probado que en julio de 1989 los cuatro condenados exigieron el pago de 300 millones de pesetas a Javier García Péez para conceder la calificación de "zona urbanizable" a unos terrenos que tenía en las Salinas de Calpe.

Juan José Ortega, que actuaba como intermediario con el acuerdo de los otros tres inculpados, indicó a Javier García que los problemas de calificación de sus terrenos, inicialmente considerados como zona no urbanizable de especial protección, acabarían con el pago de 300 millones de pesetas.

El propietario no aceptó esta propuesta y denunció los hechos a Blanca Blanquer, directora general de rbanismo en aquella fecha, quien a su vez presentó denuncia ante el fiscal Enrique Beltrán. La condena, por tanto, viene motivada por tentativa de cohecho, pues el soborno no llegó a consumarse.

El plan de los cuatro condenados era ingresar los 300 millones de pesetas en la caja de seguridad de un banco, para cuya apertura serían necesarias dos firmas, la de Javier García y la de Juan José Ortega, con lo cual si el propietario de los terrenos se volvía atras, después de ingresar el dinero, le sería imosible recuperarlo con su sola firma.

Según la sentencia, los ahora condenados solicitaron a Javier García que ingresara el dinero antes de que se aprobara el Plan General de Ordenación Urbana de Calpe.

De esta forma, la funcionaria Inmaculada Sancho podría obtener de la Comisión Territorial de Urbanismo el cambio en la calificación de los terrenos.

El "caso Calpe", que comenzó con la denuncia de la ex directora general de Urbanismo de la Generalitat ante el fiscal, fue el detonante de otro aso de presunta corrupción urbanística, el "caso Blasco", que provocó la destitución del ex consejero de Obras Públicas Rafael Blasco.

Por último, la misma sentencia declara legales las intervenciones telefónicas que el fiscal Enrique Beltrán había ordenado para obtener las pruebas necesarias con las que ejercer la acusación en los dos casos citados.