El tribunal considera que “el relato de la menor sobre los hechos resulta congruente, persistente, carente de contradicciones relevantes o de ambigüedades”, y que no se da ninguna circunstancia “que pudiera hacer sospechar de un móvil espurio para la interposición de la denuncia” por parte de su madre.

El tribunal estima que “contando con las corroboraciones periféricas” (pruebas indiciarias y pruebas indirectas aportadas en el juicio) la declaración de la menor es prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. El hombre deberá indemnizar a la menor con 6.000 euros más los intereses legales por daños morales.

Una vez finalizada la pena de prisión, la sentencia prohíbe al acusado (abuelo paterno de la menor), aproximarse a ella a una distancia no inferior a los 500 metros, en cualquier lugar en el que ella se encuentre, durante 10 años, periodo durante el cual tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio.

Simultáneamente, y con posterioridad al cumplimiento de la pena de cárcel, el tribunal decreta una medida de libertad vigilada durante cinco años. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.