El tribunal, presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez, ha encontrado a Silva Sande culpable de un delito de atentado contra los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado con la agravante de alevosía y un delito de asesinato con la agravante de premeditación, según consta en la sentencia hecha pública hoy.

Los magistrados de la Sección Primera consideran probado que, en el año 1989, Silva Sande era el jefe de un comando de los Grapo en el que se integraban Guillermo Vázquez Bautista y María Jesús Romero, ya condenados por estos hechos, así como Isabel Santamaría, fallecida en 1993.

En el mes de diciembre de 1989, Silva Sande y los tres miembros de su comando se desplazaron a Gijón con la intención de matar a dos agentes de la Guardia Civil que prestaban servicio en la Delegación de Hacienda de la ciudad.

El 28 de diciembre, y siguiendo el plan concebido por Silva Sande, los cuatro terroristas se dirigieron a la sede de la Delegación de Hacienda. Mientras Romero y Santamaría vigilaban en el exterior, Vázquez y Silva Sande entraron en la oficina y se dirigieron a la caseta de seguridad.

El acusado disparó a los dos guardias civiles y Vázquez Bautista los remató cuando se encontraban en el suelo. Antes de huir, los etarras robaron las armas reglamentarias de los agentes.

El tribunal ha manejado diferentes pruebas para sustentar la condena de Silva Sande. Por un lado, han valorado la declaración prestada por Vázquez en sede policial tras ser detenido y en la que inculpó a Silva Sande en los hechos.

Las palabras de Vázquez, que se negó a hablar en la vista oral, fueron corroboradas por las declaraciones de un testigo presencial que compareció ante el tribunal. Además, también se han tenido en cuenta las huellas encontradas en una de las pistolas utilizadas para el asesinato, y que se corresponden con las de Silva Sande.

Además de los 60 años de prisión, Silva Sande deberá indemnizar a los herederos de los dos agentes asesinados con 800.000 euros.