Los hechos se remontan a 1993, cuando Francisco Alonso, un inspector adscrito al cobro del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), comenzó a llamar al joyero Emiliano Santana, a quien había abierto una inspección, y le conminó a presentar todas las factuas de compras que había efectado en los tres últimos años.

El joyero mostró su preocupación por la petición y le remitieron al inspector jefe del sector de automóviles de importación de la consejería, Mario Santana.

El inspector, tras ponerse de acuerdo con Francisco Alonso, solicitó un millón de pesetas al empresario, que tenía que entregar en quince días para resolver el problema. Durante ese período cesaron las llamadas, que continuaron cuando se cumplió el plazo.

Francisco Alonso llegó aemitir una resolución por la cual citó al joyero en las oficinas de la inspección y le presionó para que pagara. Ante esta situación, Emiliano Santana decidió poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Tras abrirse una investigación se determinó que el joyero debía pagar el millón para que se tratara de un delito consumado, hecho que ocurrió en enero de 1994, en una popular cafetería de la capital grancanaria. El dinero lo recibió Mario Santana, qien le advirtió que tenía que pagar otros dos millones más el siguiente año.

Tras concluir la reunión, la policía detuvo al inspector de Hacienda y posteriormente al otro implicado. La Audiencia Provincial considera que las defensas de los acusados fueron "ingenuas y detectivescas", ya que uno de los implicados llegó a decir que habían actuado de esa manera para "comprobar de qué forma defraudaban los empresarios".