El Tribunal condena al alcalde de Aranguren a ocho meses de prisión y a la inhabilitación para cargo público como principal responsable de tres delitos de desórdenes públicos, ocurridos durante los enfrentamientos de los vecinos con la Guardia Civil entre los meses de abril y mayo de 1990, uando trataban de evitar que las máquinas excavadoras pudieran iniciar la construcción de un centro de residuos sólidos en Góngora, al que se oponía la totalidad de la población del valle, organizada en la Coordinadora Anti-vertedero de Góngora.

La sentencia señala que, durante los incidentes, se cometieron varios delitos de desórdenes públicos, "aunque atendiendo a los motivos que movían a los procesados", rebaja al mínimo las penas previstas en la ley.

El fallo judicial condena al secretario de ayuntamiento, Juan Manuel Sarasíbar y al concejal Juan María Barbarin, a siete meses de prisión por dos delitos de desórdenes públicos, mientras que sobre el párroco Jesús Equiza y otros seis vecinos del valle, recaen penas de seis meses de prisión.

Los abogados defensores de los vecinos encausados, Pablo Ibáñez y Adolfo Araiz, calificaron la resolución judicial como "salomónica, decepcionante e injusta" y anunciaron la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Adolfo Araz aseguró que la sentencia "ha querido contentar a quienes desde un principio iniciaron estos procedimientos, que fueron la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en Navarra".