La sentencia condena también al acusado a devolver el dinero y absuelve al antiguo cajero y a un administrativo que fueron juzgados por presuntos delitos de fasedad en documento mercantil y estafa.

Según la sentencia, se considera probado que Alfonso R.A. tramitó pólizas de créditos ficticios, para lo cual utilizó el nombre de personas cercanas a él.

Una vez concedidos los créditos, "las cantidades eran ingresadas en la cuenta del presunto cliente solicitante, al cual no se comunicaba nada". Posteriormente, a través de operaciones ficticias de pago de facturas, conseguía acceder al dinero para ingresarlo en su propia cuenta.