La sentencia del Juzgado Penal 3 de Zaragoza relató como probado que el acusado llamó por teléfono a la perjudicada haciéndose pasar por un empleado de Ibercaja y, advirtiendo que se había producido un movimiento fraudulento en su tarjeta, solicitó sus datos para solucionarlo. Posteriormente se realizaron cuatro cargos por valor de 1.700 euros y en los siguientes días varias extracciones más, así como compras en diversos establecimientos.

La Sala concluye que la juzgadora hizo una “interpretación adecuada” de la prueba de cargo practicada, que “la motivó con suficiencia” para desvirtuar el principio de presunción de inocencia.

Y recuerda que el delito de estafa informática castiga a los que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna “manipulación informática o artificio semejante consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro, que fue en lo que cooperó de manera necesaria el acusado, al realizar actos imprescindibles para la comisión del delito, accediendo a realizar unas operaciones materiales que a simple vista era manifiestamente ilícitas”.