Romero, que forma parte del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) y es el primer insumiso de la provincia de Soria, ha anunciado que no recurrirá la sentencia por considerar que los insumisos no deben ser juzgados por delitos que afecten a la conciencia. En el juicio, celebrado el pasado 30 de octubre, la fiscal Lita Berdonc pidió una pena de seis meses de arresto mayor.

El titular del Juzgado de lo Penal de Soria considera probado que que Luis Alberto Romero se incorporó a realizar la PSS el 21 de noviembre de 1989, cumpliendo con su cometido en la asociación de minusválidos ANDE de la ciudad hasta el 28 de febrero de 1990. Romero abandonó la PSS cuando el Tribunal Supremo anuló el reglamento que regulaba la objeción.

Para el juez José Luis Rodríguez, la anulación del reglamento por el Tribunal Supremo no exime de esponsabilidad al insumiso, "máxime teniendo en cuenta que en las alegaciones presentadas en ningún caso se alega que su no incorporación se debiera a la existencia de ese vacío legal", sino a motivos ideológicos.

El magistrado considera en la sentencia que "el Parlamento ha optado por imponer un servicio militar obligatorio y como prestación sustitutoria de obligado cumplimiento un servicio social para los objetores de conciencia".

Asimismo, reconoce que "existe un conflicto de bienes en lucha pro que el juzgador, al estar en un Estado de Derecho, no puede alterar".