Las sentencias judiciales condenan a lo facultativos a pagar cantidades que oscilan entre las 60.000 y las 92.600 pesetas, según los casos, al estimar las demandas interpuestas por el Colegio de Médicos reclamando el pago de las cuotas.

Las resoluciones de los juzgados de primera instancia de Pamplona no analizan la obligatoriedad o no de la colegiación profesional y señalan que la cuestión debe ser resuelta por la vía contencioso-administrativa y no por la civil, pero recuerdan que el Tribunal Constitucional determinó en 1989 la constituconalidad de exigir este requisito para ejercer la actividad médica.

Los hechos se remontan al 1 de junio de 1988 cuando un grupo de médicos navarros presentó su solicitud de baja en el Colegio al entender que no tenía sentido la colegiación obligatoria para los profesionales de la sanidad pública. El Colegio de Médicos no admitió la petición y alegó que la ley exige a todos los facultativos en ejercicio, tanto privado como público, su pertenencia al organismo.

Los solicitantes, un total de trece,dejaron de abonar los recibos colegiales desde esa fecha. Según entienden los magistrados, para causar baja no es suficiente con solicitarlo, sino que el Colegio debería admitirlo, lo que en este caso no ha sucedido.

La mayor parte de las sentencias destacan que los médicos continúan de alta, por lo que, como colegiados, ostentan unos derechos y deben cumplir unas obligaciones "entre las que se encuentra el pago de las cuotas".

Uno de los médicos condenados, Ramón Loayssa, ya ha anunciado que intrpondrán recurso a las sentencias y añadió que acudirán a la vía contencioso-administrativa para plantear de un modo definitivo la cuestión de fondo, que es la obligación de colegiarse. En su opinión, los Colegios ponen todo tipo de trabas para evitar que se plantee el tema "porque saben que si uno solo lo consigue, la descolegiación será masiva".