La Audiencia consideró probado que drante la etapa que Jiménez Ramos estuvo al frente del Inem en Las Palmas malversó veinte millones de pesetas, parte de los cuales desvió a una cuenta particular en la que también se ingresaban las aportaciones para la campaña electoral del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) del año 91 en el municipio grancanario de Arucas.

La malversación de fondos públicos se produjo en julio de 1991, cuando el Inem otorgó una subvención de 18,5 millones de pesetas al Museo Canario para organizar un curso de formaión. Puesto que, pasados dos meses, el proyecto no se había puesto en marcha, el dinero tendría que devolverse al Inem.

El museo devolvió el dinero al entonces director del Inem, quien en vez de ingresarlo en la cuenta de la entidad lo ingresó en su cuenta particular. De esta cuenta, Jiménez Ramos hizo un cheque con el que pagó un descubierto que tenía en la Caja Insular de Ahorros y también pagó las facturas de los coches con megafonía y camisetas utilizados por el PSOE en un una campaña electoral enel municipio de Arucas.

Para la acusación particular, la sentencia no es satisfactoria porque no le condena a pena de prisión a pesar de que existe un delito de malversación.

La asociación Justicia y Sociedad, un colectivo de abogados progresistas que ha ejercido la acusación particular en este caso, solicita una reforma del Código Penal, ya que, a su entender, "existen privilegios para los delitos cometido por cargos públicos".

A juicio de la acusación, se está enviando a la cárcel "al rest de los mortales mientras que una persona que se aprovecha de un cargo público e incluso beneficia al PSOE no tiene pena de prisión. El se libra mientras los insumisos van a la cárcel".

Justicia y Sociedad estudia recurrir la sentencia aunque consideran postivo la inhabilitación para la docencia de Jiménez Ramos, profesor titular y en ejercicio en el municipio de Arucas, ya que "la educación de los jóvenes no puede estar en manos de personas que malversan fondos públicos".