Los ecologistas comprobaron ya en 1992 la existencia de vertidos tóxicos procedentes de la fábrica embotelladora, que causaban la muerte de ejemplares de trucha común.

Por otra parte, WWF/Adena denunció que, a pesar de la condena, los actuales propietarios de la empresa pretendn poner en funcionamiento una central térmica para producir energía eléctrica, lo que supondría un nuevo atentando ecológico a la Serranía Conquense, futura zona de especial conservación de la red Natura-2000 de la UE.