Las mismas fuentes indicaron que el proceso administrativo para la puesta en libertad de los dos marroquíes se puede prolongar entre tres y seis meses, aproximadamente, debido a que deben cumplirse unos plazos mínimos en los trámites jurídicos, a lo que en este caso habrá que añadir el retraso que se derivará del periodo vacacional.

La resolución de la Sala de lo Penal del Supremo, redactada por el magistrado José Luis Manzanares, establecía que el ADN del semen hallado en las víctimas no se coresponde con el de los dos súbditos marroquíes.

Sí se corresponde con el del ciudadano español Antonio García Carbonell, detenido por la Guardia Civil por otras violaciones y a quien la defensa de los marroquíes y la propia policía atribuye la autoría de las agresiones sexuales por las que se condenó en falso a los dos marroquíes.

El equipo de abogados defensores de los dos marroquíes solicitó hoy del Supremo copias compulsadas del fallo judicial para que puedan ser enviadas a los juzgados donde feron condenados sus clientes por otros tres casos de violación: la sección sexta y novena de la Audiencia de Barcelona y la segunda de la Audiencia de Tarragona.

El fallo del Supremo parece suficiente para que las sentencias dictadas por estos juzgados sean igualmente anuladas, ya que la prueba del ADN resta credibilidad también en estos casos al testimonio de las víctimas en las ruedas de identificación.

Por otra parte, los abogados de los dos marroquíes confirmaron a Servimedia que solicitarán na indemnización económica al Estado superior a los 100 millones de pesetas para cada uno, por el tiempo que permanecieron en prisión sus dos clientes.

El caso de Mounib y Tommouch generó una enorme expectación en 1991, ya que se les atribuyó la autoría de un serie de violaciones en cadena ocurridas en distintas localidades de Barcelona y Tarragona.

El testimonio de las mujeres víctimas de las violaciones denunciadas, manifestado en las diversas ruedas de identificación a que se sometió a los conenados, se convirtió en la prueba de cargo en que se basó la Audiencia Provincial de Barcelona, que sentenció a los acusados a penas superiores a 50 años de prisión a cada uno de ellos.