Esta declaración contradice lo afirmado por Conde, quien manifestó que había pagado los 600 millones de pesetas para vencer la resistencia política a la concesión de dichas exenciones fiscales.

Según las fuentes citadas, Solchaga dijo no comprender las razones de Conde para poner en tela de juicio el expediente de concesión de las exenciones, ya que, según indicó, aparte d diferencias políticas, no tenía ningún otro motivo de controversia con el ex presidente de Banesto.

Ante la posibilidad de que Conde pudiera haber mentido en su declaración, el juez Moreiras ofreció a Solchaga la posibilidad de personarse en la causa, si se considera perjudicado, lo que fue rechazado por el ex ministro, diciendo que debe ser el Ministerio de Economía quien tome esa iniciativa si lo considera oportuno.

Solchaga, que dijo haberse enterado de este asunto y de la existencia de Argenia Trust por la prensa, desveló que en abril de 1990 mantuvo una entrevista personal con Conde, a petición de éste, en la que se resolvieron las discrepancias técnicas que había sobre la concesión de las exenciones, al avenirse el ex presidente de Banesto a los criterios del Ministerio de Economía.

Según explicó Solchaga, en dicha reunión le expuso a Conde que el criterio del ministerio, en todos los casos de fusiones, era que las plusvalías no superasen el 50 por ciento del valor de las empresas fusinadas. Otro criterio era que no se concediesen las exenciones legales del máximo del 99 por ciento en el Impuesto de Sociedades cuando las empresas fusionadas tuviesen relaciones entre si, otorgándose en ese caso el 70 por cien.

El ex ministro aseguró que no habló sobre este tema con Antonio Navalón, el relaciones públicas que presuntamente cobró los 600 millones de pesetas para gestionar la concesión de las exenciones, y agregó que tampoco debatió de este asunto con otros políticos, entre los que cit al ex secretario de Organización del PSOE José María Benegas. Puntualizó además que conoció a Antonio Navalón en una reunión posterior a la concesión de exenciones fiscales.

Finalmente, Solchaga insistió en que no recibió ninguna dádiva ni presión para la concesión de las exenciones. La declaración de Solchaga, que se prolongó una hora y cuarto, fue solicitada por el abogado defensor de Navalón, con el fin de esclarecer la posición del ministerio en relación a este asunto, por el que ya declararon Code, Navalón, Benegas y el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio, entre otros.

"HA IDO BIEN"

A su salida de la Audiencia Nacional, el ex ministro no quiso hacer ninguna declaración, limitándose a señalar que la comparecencia "ha ido bien".

Con anterioridad a Solchaga, el juez Moreiras tomó declaración, como inculpados, a dos responsables de Banesto, Javier Arrechea Fúster y Lorenzo Pericás, que ya habían sido citados con anterioridad, pero no fueron localizados.

Ambos prestaron delaración sobre dos facturas de más de 44 millones de pesetas cobradas por la empresa Publitax Publicidad a Banesto, y que presuntamente son falsas.

Esta causa se unió a la de Argentia Trust, debido a que el juez Moreiras sospecha que también la factura emitida en ese asunto puede ser falsa. Según fuentes judiciales, en su declaración los dos directivos de Banesto justificaron las facturas, que fueron emitidas por la empresa Publitax por la elaboración de un "estudio sobre las repercusiones de la crisi del Golfo Pérsico en el sector inmobiliario de Madrid y su área metropolitana".

El juez sospecha que en este caso los presuntos responsables podrían haber incurrido en los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa a los accionistas de Banesto y defraudación a la Hacienda Pública.