Conde-Pumpido compareció en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar, a petición del PP, los criterios para evitar que partidos disueltos o suspendidos realicen cualquier tipo de actividad.

Recordó que la ley tiene como objetivo excluir de la vida política a los partidos u organizaciones que no acepten el juego democrático y amparen la violencia, y con ese objetivo "seguiremos actuando con rigor cuando proceda".

Pero esa misma ley, precisó, impide que puedan ser objeto de exclusión individual o colectiva quienes sí acepten esas reglas democráticas, "vengan de donde vengan, se organicen como se organicen y nos gusten o no" sus opiniones o proyectos.

La grandeza del Estado de Derecho, aseguró, es su capacidad para asimilar la participación de todos, "incluso de los que niegan sus esencias", siempre que los instrumentos empleados se acomoden a criterios democráticos.

Concluyó con todo ello que el Ministerio Fiscal no prevé ningún cambio de criterio en la aplicación de la ley. "No he dicho semejante cosa ni me oirán decirlo", añadió.

Lo que sí reconoció que espera es "una realidad nueva y distinta a la cual aplicar la misma ley", si bien eso no depende del fiscal, agregó.

ACTUACIONES SOBRE BATASUNA

En su comparecencia, Conde-Pumpido desgranó las actuaciones de los fiscales para impedir la continuidad de actividad de la ilegalizada Batasuna, tratando de rebatir con ello las acusaciones de no haber sido suficientemente enérgicos en esa finalidad.

El episodio más reciente de esa supuesta continuidad fue el congreso convocado por Batasuna, asunto ante el que, aseguró, se actuó "en tiempo record" para evitarlo, lo que finalmente se consiguió.

Explicó que, en contra de muchas acusaciones, el fiscal pidió la suspensión de aquel acto pese a que no era "jurídicamente tan sencillo como se pretendía" porque, como en casos anteriores, eran necesarias pruebas jurídicas, y no intuiciones, sospechas u opiniones.

Criticó a quienes le acusaron de intentar ahogar la iniciativa de los fiscales vascos, por considerar que quienes así piensan ven a los fiscales como "marionetas".

Recordó, al explicar este asunto, que la doctrina del Constitucional y "el sentido común democrático" indican que una sentencia como la de la ilegalización de Batasuna no es extensible a quienes integraron sus filas para impedirles el ejercicio individual o coletivo de derechos cívicos y políticos que no impliquen continuidad de actividad de la formación ilegalizada.

La ley, explicó, exige "un análisis individualizado" de cada caso, y únicamente cuando se aprecie un acto del partido ilegalizado será procedente una medida cautelar de suspensión de actividad.

RESPETO A LA LEY

Nada puede impedir, prosiguió, que las mismas personas que integraron aquella organización puedan constituir una nueva organización si sus nuevos medios y fines se ajusten a la ley.

Conde-Pumpido desgranó también las secuencias de hechos que impidieron la retirada de las candidaturas de Herritaren Zerrenda al Parlamento Europeo y de Aukera Guztiak a las elecciones vascas.

Enumeró también los argumentos empleados por el Tribunal Constitucional al rechazar el recurso de Aukera Guztiak, que "afinó y perfiló extraordinariamente" la doctrina anterior, rechazando algunos de los argumentos del Supremo que habían permitido su suspensión.

A la hora de enfrentarse a la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), recordó, algunos de los argumentos que antes habían sido admitidos por el Supremo no eran ya reconocidos como pruebas de continuidad por parte del Constitucional.

Pese al meritorio trabajo de las fuerzas de seguridad, sentenció, no se lograron las pruebas exigidas por el Constitucional más allá de "intuiciones, impresiones u opiniones".

Con la perspectiva que da el tiempo, dijo el fiscal general, nadie que pretenda analizar hechos objetivos puede sostener que la actuación de Batasuna se haya canalizado a través de EHAK, aunque sí se pueda pensar que la formalización ilegalizada la utilizó para concentrar sus propios votos, "probablemente con el fin de contarlos" y evitar que su abstención beneficiara a alguno de los demás partidos.