Conde Pumpido explicó que el presunto delito de Valero, que se encuentra en prisión desde el pasado 31 de agosto acusado de apropiación indebida de 30 millones de pesetas, procedentes de los pagos de mutalidades y seguros, en ningún caso guarda relación con la Hacienda pública y con la retenciones de la Seguridad Social. El Defensor del Pueblo andaluz aseguró que su institución está al día en este sentido.

El Defensor explicó que las primeras irregularidades se detectaron el 23 de julio. Desde el 1 de agosto, el funcionario está destituido de su cargo y desde el pasado día 12 el presidente del Parlamento, Diego Valderas, conoce los hechos.

El titular de la Oficina dijo poner la mano en el fuego por la honorabilidad de la institución que representa. A su juicio, se trata de anoalías puntuales y aisladas. "Las responsabilidades no implican a la institución. Ha sido la propia Oficina la que dio a conocer los hechos a Valderas y a la Fiscalía", recordó.