Conde-Pumpido reaccionó así al escrito de súplica redactado por el PP en el que sugería que el fiscal general del Estado había presionado a los fiscales jefes del País Vasco con el objetivo de tolerar la celebración de la asamblea de Batasuna.

"Tal afirmación resulta no sólo ofensiva para dichos profesionales en la medida en que presume que una actuación antijurídica como la que sugiere podría ser tolerada y asumida por ellos, sino que hace recaer deliberadamente sobre el propio Fiscal General, ante todos los ciudadanos, la falsa sospecha de que su actuación se produce subordinando la aplicación de la ley a meras conveniencias políticas", responde en la misiva.

El fiscal general aduce que, tanto en este como en otros casos, siempre procura consultar con sus colaboradores para actuar "con responsabilidad y con rigor" en un asunto que considera de "complejidad jurídica".

Ante tales insinuaciones, Conde-Pumpido reclama una rectificación del presidente del PP "con la misma publicidad con la que se ha difundido esa afirmación inconciliable con dicha actitud respetuosa y, por supuesto, extraña al correcto ejercicio de la crítica pública".

A su juicio, la crítica del PP "no contiene ninguna pretensión específica, como no sea la de impartir al Fiscal General del Estado indicaciones acerca de cómo y cuándo debe desempeñar sus funciones, y la de descalificar su posición institucional".

Además, desautoriza el escrito de súplica del Partido Popular por contener "una serie de valoraciones de naturaleza política, acompañadas de algunas citas legales o jurisprudenciales cuya interpretación también obedece a criterios de la misma naturaleza, en ningún caso acompañados de análisis jurídico alguno".

Conde-Pumpido asegura que, en su labor al frente de la Fiscalía, siempre tiene "bien presentes en todo momento" las obligaciones de su cargo y las críticas que recibe, pero matiza que eso no significa admitir "instrucciones, presiones o indicaciones de nadie".

Finalmente, exige "respeto" a Rajoy y le advierte de que el respeto a las instituciones es "incompatible con determinadas descalificaciones o imputaciones que única y exclusivamente pueden contribuir a generar confusión en la opinión pública" y a "desprestigiar y dañar gratuitamente el prestigio de los órganos o instituciones a las que afectan".