Conde-Pumpido dijo discrepar "total, radical y profundamente" con la resolución del Tribunal Constitucional que anuló la condena del Tribunal Supremo contra Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO de Madrid.

Conde-Pumpido aseguró, en una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía General del Estado, que la sentencia del Alto Tribunal "no es la más adecuada para defender a las víctimas" y dijo estar "complementamente convencido de que existe un delito de estafa y falsedad mercantil y de que los hechos no estaban prescritos".

Considera que con esta resolución se ha vulnerado "el derecho de los perjudicados a cobrar la indemnización pertinente".

Conde-Pumpido cree que el Tribunal Constitucional "incurre en un exceso de jurisdicción" que resulta "muy preocupante", al "entrar a definir los hechos como prescritos en contra de un criterio del Tribunal Supremo".

El fiscal general del Estado agregó que la sentencia del Alto Tribunal es "muy preocupante", porque "le da la vuelta al derecho a la tutela judicial efectiva", que, a su entender, "es un derecho que debe de proteger a los perjudicados".

Aun así, considera que la resolución del Constitucional ratifica que la sentencia del Tribunal Supremo "se dictó con todas las garantía en el ámbito del derecho a la prueba y de la calificación penal".

"En el ámbito constitucional los delitos estaban perfectamente probados y no se había producido ningún tipo de vulneración de derechos constitucionales", aseguró Conde- Pumpido.