Según una sentencia del Constitucional, el plazo de prescripción de un delito no se paraliza con la mera presentación de una denuncia o querella, sino que es necesario que el juez la admita a trámite, a fin de realizar actuaciones para perseguir el delito.

Esta tesis del Constitucional contraviene la doctrina que venía aplicando el Tribunal Supremo y podría suponer que Alberto Alcocer y Alberto Cortina, ex presidentes del Banco Zaragozano, obtuviesen finalmente el amparo frente a la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó por el denominado "caso Urbanor" a tres años y cuatro meses de prisión por falsedad documental y estafa.

En una instrucción fechada el pasado 15 de junio, el fiscal sostiene que dicha sentencia del Constitucional es "un precedente aislado que no procede del Pleno". Además, recuerda que contiene votos particulares y que "el caso real del que parte reviste cualificadas peculiaridades".

Asimismo, sostiene que, según la "mayoritaria" jurisprudencia del Tribunal Supremo, la querella y la denuncia forman parte del procedimiento y su presentación (entendida como incorporación al registro judicial) interrumpe la prescripción del delito.

Así, ordena a los fiscales que mantengan esta tesis en los casos que lleven. También les pide que presenten las querellas o denuncias con la antelación suficiente para que la admisión a trámite de las mismas se resuelva antes del transcurso del plazo prescriptivo de los delitos que se denuncian.