Nueva Izquierda impulsará esta reforma para que la concesión del régimen abierto "no esté sujea a los criterios reguladores del Gobierno de turno".

La nota señala que la Ley General Penitenciaria es "una le deficiente que necesita una reforma global" y añadie que la reforma es urgente y necesaria en lo relativo al régimen abierto, "cuando recientes decisiones de excarcelación han causado la alarma social y han puesto de manifiesto las insuficiencias de la actual normativa".

La reforma, según Nueva Izquierda, debería establecer un mínimo de estancia en prisión antes de alcanzar el régimen bierto, "salvo casos muy excepcionales y tasados".

Los criterios para la concesión del régimen deberían basarse en la situación individual del afectado y en el pronóstico de la "no reincidencia", y la decisión de conceder el régimen abierto debe atribuirse al juez de Vigilancia Penitenciaria, con posibilidad de recurso ante la Audiencia Provincial.

Finalmente, NI considera que la regulación del régimen abierto debe hacerse "por ley, no por reglamento, pues de mantenerse la situación actual, esa rgulación quedaría a expensas de la opinión cambiante de un Gobierno", en función de la coyuntura política.