"Entendemos", aseguró López Garrido, "que el fiscal general del Estado debería haber actuado y que el Gobierno debería haber puesto en su conocimiento los datos que posee sobre estas supuestas presiones".

En opinión del portavoz de IU, este asunto no debe constituirse en un elemento de "contienda partidista", porque podría afectar gravemente a la seguridad del Estado. "No debe haber un peloteo entre grupos políticos", añadió, "echándose unos a otros presiones, chantajes o documentos que son robados alCESID, y que afectan a la seguridad del Estado".

López Garrido señaló que por este motivo el fiscal general del Estado debe actuar para investigar si se han producido realmente esas presiones de Mario Conde denunciadas por el propio Gobierno.

NO RENOVABLE

El portavoz de IU hizo estas reflexiones en una rueda de prensa en la que presentó una propuesta de su grupo para reformar el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de que el fiscal general del Estado tenga un mandto de cinco años, no renovable, y que no pueda ser cesado por el Gobierno.

López Garrido explicó que con esta iniciativa se pretende que el fiscal general deje de ser una pieza más en "la estructura jerárquica" del Gobierno y que disponga de una posición más sólida y autónoma en su labor cotidiana.

Recordó que esta figura jurídica se encuentra muy cercana al Gobierno, que es el que determina su nombramiento y su cese, y que este hecho va en contra del espíritu constitucional y de las orientacione legislativas más recientes, como en el caso de la Ley del Jurado y el nuevo Código Penal, que conceden al Ministerio Fiscal un protagonismo mucho mayor en el procedimiento penal.