Jiménez cree que lo que ha hecho Instituciones Penitenciarias es aplicar una reglamentación y una legislación que está vigente, "pero si ésta tiene fallos o se aplica discrecionalmente es otro problema: son los políticos o los representantes del pueblo los que tienen que cambiarla, si ésta no les gusta o no está bien planteada", añadió.

En su opinión, la ley debería aplicarse a todo el mundo del mismo modo "porque todos los presos tienen los mismos derechos y los mismos dberes".

"Creo que Instituciones Penitenciarias aplica lo mismo a todo el mundo, pero en este caso, si hubiese habido favoritismos, habría que denunciarlo e investigar", apostilló.

Concluyó que un sindicato profesional, como institución pública, demanda que se cumpla la legalidad vigente. "Somos partidarios de que se aplique a todo el mundo sin ningún tipo de favoritismos, ya que todos los españoles, constitucionalmente, tenemos los mismos derechos y obligaciones".