Mientras que algunas de estas vistas ya tienen fecha señalada, como el 'caso Rumasa' o el 'caso Argentia Trust', la instrucción de otras causas que han generado gran conmoción a lo larg de los últimos meses, como el 'caso GAL' en el que está procesado Barrionuevo o el 'caso Banesto', está prácticamente finalizada, aunque su conclusión definitiva dependerá de algunas resoluciones judiciales que están pendientes.

Así, 1997, que se presenta como el año de los grandes juicios, comenzará con la vista oral contra Ruiz-Mateos y otros ex administradores de Rumasa, cuyo inicio está previsto en la Audiencia Nacional para el próximo 9 de enero.

Aunque la fiscalía barajó la posiblidad de achivar la causa, al considerar prescritos los delitos imputados al empresario como consecuencia de la aplicación del nuevo Código Penal, Ruiz-Mateos se enfrentará a una petición de 12 años de cárcel como presunto autor de dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil.

A partir del próximo 3 de marzo está señalada la vista contra Mario Conde y otras personas por el 'caso Argentia Trust', en la que la fiscalía pedirá para el ex presidente de Banesto un total de 7 años de cárcel por haberse propiado de 600 millones de la entidad bancaria.

Conde, sin embargo, tiene pendiente, al igual que varios ex directivos de banco, el juicio por el 'caso Banesto', que podría celebrarse a lo largo del próximo año y en el que el fiscal pedirá un total de 35 años y multas cuantiosas para el ex presidente del Español de Crédito por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad.

No obstante, la vista sobre esta causa, cuya instrucción ya ha finalizado el juez Manuel García-Castellón, podría etrasarse unos meses si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acuerda imputar en el sumario, tal como pidió el pasado 16 de diciembre el fiscal anticorrpución, al abogado de Conde, Mariano Gómez de Liaño, así como a Francisco Sitges, entre otros.

En este supuesto, todos ellos deberían prestar declaración como imputados ante el juez García-Castellón, tras lo cual podrían proponer las pruebas que considerasen pertinentes para su defensa, lo que prolongaría el fin del 'caso Banesto' durante meses. Además, la Audiencia Nacional también podría señalar para el próximo año algún juicio de las causas relacionadas con los GAL que instruyen varios magistrados de ese tribunal, como el juez Baltasar Garzón o el juez Gómez de Liaño, así como el sumario por el secuestro de Segundo Marey que tramita el juez del Tribunal Supremo Eduardo Móner.

Gómez de Liaño tramita el 'caso Lasa y Zabala', en el que está procesado el general Enrique Rodríguez Galindo, y cuya instrucción podría estar terminada en los pimeros meses del próximo año, dado que tan sólo está pendiente de realizar varias diligencias pedidas por el ministerio fiscal.

Por su parte, el juez Móner ya tiene prácticamente concluída la instrucción del 'caso GAL' y tan sólo quedan pendientes varios recursos de apelación contra resoluciones del instructor. En dicho sumario está procesado el ex ministro Barrionuevo, así como el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, quienes podrían sentarse en el banquillo por estos hechos a mediads del próximo año.

DESCLASIFICACION

Sin embargo, la conclusión de estas causas, así como de las que instruye el juez Garzón, como el 'caso Oñaederra', el 'caso García Goena' o el 'caso Monbar', dependerán de la resolución que adopte el Tribunal Supremo sobre la desclasificación de los documentos del CESID.

La Sala Tercera del Alto Tribunal, encargada de resolver los recursos interpuestos contra la no desclasificación de dichos papeles, podría adoptar una decisión al respecto el próximo mes de fbrero y según el sentido de la misma, la instrucción de los diversos casos sobre los GAL podría prolongarse varios meses dado que en el caso de que el Alto Tribunal acuerde desclasificarlos, se podría abrir la vía para nuevos procesamientos de antiguos responsables del Ejecutivo.

En el trasfondo de los papeles del CESID aparece siempre el coronel Juan Alberto Perote, quien también se enfrentará el próximo año a un juicio por la sustracción de al menos 1.245 documentos de los servicios secretos y que pdrían acarrearle 10 años de prisión, tal como ha pedido el fiscal militar, que le acusa de "procurarse información legalmente clasificada relativa a la seguridad o defensa nacional".

Por su parte, el 'caso Filesa', que instruye el juez Enrique Bacigalupo, también está concluído, por lo que el juicio por la supuesta financiación irregular del PSOE podría celebrarse a mediados del próximo año.

Aunque Bacigalupo había decidido sentar en el banquillo sólo a 7 imputados, la Sala Segunda del Alto Tribual acordó el pasado día 20 juzgar a un total de 26 personas, entre ellos el senador socialista Josep María Sala, el ex diputado del PSOE Carlos Navarro, así como el ex responsable de Finanzas del partido, Guillermo Galeote, para quienes el fiscal solicita 7, 24 y 8 años de cárcel, respectivamente.

Finalmente, el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán también será juzgado el próximo año en la Audiencia Provincial de Madrid, por el cobro de comisiones multimillonarias durante su etapa al frnte de la Benemérita.

Durante la vista, Roldán deberá hacer frente a una petición del fiscal de un total de 32 años de cárcel, 29 de inhabilitación y 3.500 millones de multa como autor de los delitos de malversación, cohecho, estafa, falsedad y 5 delitos contra la Hacienda Pública, cometidos "con la finalidad de enriquecerse ilícitamente durante su mandato".