Almeida se interesa además por el criterio de Instituciones Penitenciarias al aplicar esta clase de medidas y por si el Gobierno cree que esta decisión no aumentaría la alarma social. También pregunta cuántos reclusos podrían beneficiarse del mismo criterio que se pretende aplicar a Conde.

Recuerda que el jurista de la prisión cree inadecuada la aplicación de este beneficio al caso del antiguo presidente de Banesto, puesto que no parece necesiar ni asesoramiento ni cooperación para integrarse en su medio social.

La diputada dice compartir el criterio de que la concesión del tercer grado tras tan corto período de prisión vaciaría de contenido la finalidad preventiva de la pena, y llevaría a la opinión pública una sensación de impunidad para los grandes delitos económicos.

Añade que, también de acuerdo con el jurista, Conde debe estar en segundo grado penitenciario, puesto que está sometido a un segundo juicio que podría aumentar su conena. Señala que el psicólogo de la prisión se opone además a la concesión de beneficios, puesto que el ex banquero ha mostrado escaso sentimiento de culpa en relación con el delito cometido.

Cristina Almeida pone de manifiesto que la reglamentación penitenciaria prevé la concesión de estos beneficios para penados con "una peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala o condiciones personales diversas", y para los que "exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior o lo aconseje eltratamiento penitenciario".