El calendario definitivo de la última fase de redacción de conclusiones fue aprobado hoy por los comisionados en una reunión secreta en la que también se analizaron documentos enviados por el Gobierno.

Según explicó en rueda de prensa el presidente de la comisión, Paulino Rivero, ese calendario comenzará con una reunión el día 8 de junio para que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas de conclusiones y otra después, el 22, en la que se pondrán en común los textos para redactar el dictamen.

Finalmente, el dictamen emanado de la comisión y los posibles votos particulares se elevarán al pleno en una sesión que se celebrará el 30 de junio.

Rivero expresó su deseo de que esas conclusiones sean unánimes, pero reconoció que es "pecar de ingenuo" porque todo indica que habrá "dos bloques", uno defendido por el PP y otro por el resto de grupos.

Según explicó, el PP se opuso a este calendario porque pretendía adelantar la votación final de las conclusiones para que fueran "en todo caso" antes del 19 de junio, un día marcado por las elecciones gallegas.

Para ello, el PP proponía, según la explicación de Rivero, habilitar la semana anterior a las elecciones, en la que previsiblemente no habrá pleno debido a esos comicios autonómicos.

El calendario de conclusiones se aprobó después de rechazar en una votación las "reflexiones" presentadas por el PP en la última sesión, en la que planteaban una serie de interrogantes a los que, en su opinión, la comisión debe aún responder con nuevas comparecencias.

Rivero sometió esa reflexión a votación y sólo fue respaldada por el PP, con la abstención de CiU y el voto en contra de todos los demás, que entienden que no hay lugar para nuevas comparecencias y que la comisión debe redactar ya las conclusiones definitivas.

En la sesión de hoy, los comisionados analizaron varios documentos enviados por el Ministerio de Interior referidos básicamente a las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil en Asturias.

La transcripción de la conversación entre el preso Benesmail y el socialista Fernando Huarte no ha llegado aún a la comisión, ya que el Gobierno comunicó la necesidad de pedir autorización judicial y la comisión la reclamó a través del Tribunal Supremo.

El presidente de la comisión ha cursado de nuevo la petición para que se envíe la transcripción o se comuniquen formalmente las razones por las que no se hace.

Por su parte, el Centro Nacional de Inteligencia (CN) envió un escrito a la comisión informando de que la documentación solicitada en último lugar ya había sido enviada anteriormente por lo que entiende que no tiene nuevos datos que aportar a la investigación parlamentaria.

Tampoco puede corregir el CNI las tachaduras que aparecían en algunos de los documentos enviados. Informa de que se trata de datos aportados por servicios de inteligencia extranjeros que la legislación española impide desvelar.