Así lo declaró hoy a Servimedia el coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Orencio Vázquez, en referencia al pago de 165 millones de dólares en bonificaciones a los ejecutivos de AIG.

Según el coordinador, "desde el momento en que las compañías reciben dinero estatal, estas decisiones (que tradicionalmente pertenecen a la esfera empresarial), pasan al ámbito público".

Por ello reclamó una mayor implicación de las autoridades, que deberían fijar condiciones más claras y restrictivas a la hora de inyectar "dinero de todos" en las distintas compañías.

"Lo que la ciudadanía no entiende es que su dinero sirva para pagar a quienes han causado pérdidas en sus empresas y, por tanto, han afectado a todo el sistema", declaró Vázquez.

A su juicio, "no tiene ninguna lógica que directivos de empresas mal gestionadas cobren bonificaciones por valor de 165 millones de dólares", cuando sus sueldos son muy superiores a la media de la población.