Entre las irregularidades, se han adjudicado a familias con dos o tres hijos pisos de un solo dormitorio, se otorgaron pisos de 70 m2 que no pasan de los 50 m2, y los adjudicatarios deben pagar por viviendas en alquiler un 16% de IVA y recibos de comunidad (práctica tremendamente inusual y que ni siquiera existe en otras promociones públicas de la Comunidad de Madrid).

La consecuencia es, señalan, que inquilinos del plan de la Comunidad de Madrid pagan 600 euros mensuales por pisos de entre 40 y 50 m2. Es decir, alquileres supuestamente públicos a precios por encima del mercado. Hay que recordar que el plan ofrecía pisos de 70 m2 por 390 euros mensuales.

Por otra parte, jóvenes procedentes de Vallecas tenían como fecha de entrega el mes de mayo de 2007 y a día de hoy no saben nada de cuándo podrán recibir sus viviendas. A pesar de los muchos intentos, siguen sin recibir respuesta alguna de la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid, asegura la nota.

Los adjudicatarios de Navalcarnero denuncian la presencia de ocupantes ilegales en el edificio, por la falta de vigilancia del mismo y la desidia por parte de la Comunidad de Madrid. Además, el edificio no cuenta con transporte público por lo que es imposible acceder a él sin coche.

Para la Plataforma por una Vivienda Digna, organización a nivel nacional que defiende desde 2003 el derecho a una vivienda accesible de forma sostenible, el Plan de Vivienda Joven de Esperanza Aguirre es un "engaño a los jóvenes", prima los intereses de promotores y constructores frente a los adjudicatarios, ofrece viviendas a precios disparatados para ser públicas y falsea las estadísticas, apuntándose promociones de diferentes ayuntamientos de la Comunidad como propias.

Para dicha plataforma, de las 79.000 viviendas prometidas por Aguirre y de las que alardea la propaganda de la Comunidad de Madrid, no se han entregado ni un 10%, y de esas no llegan a 1.000 las que pueden llamarse realmente vivienda protegida.La Comunidad falsea las cifras al incluir viviendas promovidas por ayuntamientos, sean del partido que sean, y viviendas que han sido asignadas pero de las que no se ha puesto ni un ladrillo.

En cuanto a las VPO de promoción privada, añade, tienen precios disparatados teniendo en cuenta los costes de construcción actuales, no existe control en la lista de adjudicatarios y en muchos casos el adjudicatario sólo puede acceder si aporta una cantidad adicional "en B", sin que la Comunidad haga nada para controlar estas irregularidades.